La consulta popular anunciada por el Gobierno para que los candidatos que tengan dineros en paraísos fiscales los repatrien podría calzar en el proceso electoral del 2017, porque simplemente se agregaría una papeleta y no implicaría gastos aparte, dijo la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Magdala Villacís.

Villacís explicó que primero la propuesta deberá ir a la Corte Constitucional (CC) para que califique la constitucionalidad de la pregunta; y con esa respuesta, en caso de ser favorable, el Ejecutivo tendrá que emitir un decreto ordenando al CNE la realización del proceso.

Pero aclaró que en caso de aprobarse, su aplicación sería para el futuro, porque la Asamblea deberá incluir los textos en normativa constitucional o en el Código de la Democracia, y esto ya quedaría para el próximo periodo legislativo.

La asambleísta Gina Godoy (AP) señaló que sí hay tiempo para efectuar la consulta hasta antes de las inscripciones de candidatos, prevista hasta el 18 de noviembre; y que no se necesitaría reformar leyes para aplicar los resultados.

Dijo que con la consulta se pretende transparentar las acciones de los candidatos que participen en el 2017, aunque aclaró que tener recursos en paraísos fiscales no tiene conflicto con la ley, pero sí está reñido con la ética y la moral.

Santiago Guarderas, dirigente del PSC, comentó que la consulta restringe los derechos de participación contemplados en la Constitución, lo cual solo se puede hacer a través de una Asamblea Constituyente.

Patricio Donoso, legislador de CREO, afirmó que el oficialismo busca alentar discusiones diferentes a lo que necesita el país; y que este referendo está “dedicado” a Guillermo Lasso, quien ha dicho que tiene inversiones en Panamá.