Pese a que inicialmente la fiscal general (e) Ruth Palacios solicitó al juez Iván Saquicela prisión preventiva para la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, a quien se la investiga por concusión, un documento entregado en audiencia por la defensa de la procesada, el cual reveló que ella aún mantiene agentes de Servicio de Protección Presidencial, el pedido de Fiscalía cambió a que se le ordene prohibición de salida del país y presentación periódica.

Todo esto sucedió la mañana de este miércoles en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia donde por casi tres horas se desarrolló la audiencia de formulación de cargos contra Vicuña.

Poco antes de las 13:00, luego de escuchar a la partes, la diligencia fue suspendida por el juez Saquicela, debido a que debía analizar las solicitudes de Fiscalía hechas en base a 21 elementos de convicción y los documentos presentados por la defensa de Vicuña. Para las 17:00 fueron nuevamente convocadas las partes para escuchar la lectura de la resolución oral del juez nacional.

Palacios presentó entre los elementos de convicción para formular cargos la declaración juramentada y la versión que rindió Ángel Sagbay, exasistente administrativo y asesor 1 de Vicuña cuando fue legisladora, en la que aseguraba que Sagbay fue obligado a pagar dineros provenientes de su sueldo mensual para mantenerse su cargo en la Asamblea, entre los años 2011 y 2013. Además, Fiscalía presentó informes de la Unidad de Análisis Financiero y Ecomomico (UAFE) que indicarian operaciones inusuales en los ingresos de Vicuña: habría recibido como ingresos por más de $500.000 y a sus cuentas ingresaron más de $1.1 millones.

El 12 de diciembre pasado, Ruth Palacios solicitó a la Corte Nacional de Justicia fije día y hora para realizar una audiencia de formulación de cargos por el delito de concusión contra la exvicepresidenta Vicuña.

El pedido se desprende de la investigación previa que inició la institución respecto a denuncias de que varios exfuncionarios del legislativo que laboraron cuando Vicuña era asambleista le entregaban dineros de su sueldo para supuestamente mantenerse en el cargo. Uno de ellos fue Sagbay, quien ya rindió versión respecto al declaración notarizada en la que él confirma que fue obligado a entregar dineros mensuales de su sueldo a cambio de su estabilidad laboral en la Asamblea.

Vicuña en respuesta explicó en su momento que esos dineros que recibió en su cuenta bancaria no eran cobros de ningún tipo, sino aportes voluntarios como un militante e iban para la organización política Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).

El exasambleista Andrés Páez interpuso el 27 de noviembre pasado una denuncia contra la entonces vicepresidenta Vicuña por los delitos de concusión y tráfico de influencias. Esa denuncia y su posterior versión también fueron parte de los elementos de convicción presentado por parte de la Fiscalía.

Moreno, la liberara de sus funciones y ella pidiera una licencia sin sueldo hasta el 31 de diciembre.

La Fiscalía también pidió la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de cuentas de Vicuña por un monto de $23.300. Estos pedidos también tuvieron reparos por la defensa de la exvicepresidenta, quien solicitó que la medida no alcance a las cuentas de su cliente debido a que tiene que mantener a su hija menor de edad y que en su lugar, para garantizar el dinero requerido, se tome uno de los dos bienes muebles que tiene, los cuales superan los más de $23.000 solicitados por Fiscalía.

La defensa de Vicuña, Ana María Ontaneda, calificó de desproporcionado el pedido se prisión preventiva hecho por la fiscal Palacios. Explicó que la medida no tenía sentido no solamente porque su cliente ha colaborado desdes el inicio de la investigación con las autoridades, sino también porque no encontraba peligro de fuga cuando Vicuña mantiene agentes de Seguridad Presidencial dándole protección por su calidad de exvicepresidenta las 24 horas de día. Para justificar este último hecho presentó un documento oficial del resguardo que posee actualmente.