El juicio político en contra de Diana Salazar, «se cayó» en la Comisión de Fiscalización.
La mesa legislativa no calificó el trámite en contra de la máxima autoridad de la Fiscalía.
En medio de gritos, señalamientos y constantes interrupciones, los comisionados avocaron conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CA), para retomar el proceso de fiscalización contra Diana Salazar.
Sin embargo, en una atropellada sesión, los integrantes de la comisión no lograron calificar este pedido, tras la moción de la asambleísta Pamela Aguirre (RC), para dar paso a la solicitud presentada por la asambleísta Gissela Garzón, de la Revolución Ciudadana.
En la votación hubo cuatro votos en contra y cinco votos a favor.
Pese a que no se calificó este pedido, aún quedaba una solicitud realizada por el asambleísta Héctor Valladares, también de la RC.
De hecho, este fue el argumento que usaron los comisionados de la Revolución Ciudadana como Sofía Espín, Lenin Barreto, Ronal González y Pamela Aguirre.
Los parlamentarios alegaron que se debía votar por la calificación y unificación de ambos pedidos de juicio político, pero esto no procedió.
El asambleísta mocionó unificar los pedidos de Garzón y Valladares. La misma se aceptó con cinco votos a favor, ya sin la presencia de los legisladores de la Revolución Ciudadana, quienes abandonaron la sala.
Luego, César Umajinga presentó una nueva moción para calificar estos dos pedidos, pero se rechazó con cinco votos a favor. Y, nuevamente, no se calificó el trámite contra Diana Salazar.
El pedido de retomar este juicio político lo hizo la misma fiscal general de la Nación, luego de que el pasado 19 de agosto, notificó al Legislativo sobre la actualización de su estado de salud, respecto con su embarazo.
El 4 de septiembre, el CAL resolvió aceptar el pedido y trasladar el trámite a la Comisión de Fiscalización.
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