Fusiles, lanzagranadas y explosivos en la Penitenciaría: un escenario que refleja debilidad estatal para controlar a bandas


Las intervenciones de policías y militares para lograr el decomiso de artículos prohibidos en la Penitenciaría del Litoral han vuelto a dejar en evidencia las vulneraciones existentes en los controles de ingreso al complejo carcelario, donde se dio un nuevo escenario de masacre entre el fin de semana y el lunes anterior.


En los recientes episodios de disturbios, la Policía indicó que se contabilizaron 11 cuerpos encontrados sin vida y 29 piezas anatómicas que están a la espera de su identificación por peritos de Criminalística, aunque preliminarmente la Fiscalía había indicado que existían 31 muertos.

En esos incidentes hubo incluso uso de armamento de grueso calibre, detonaciones con explosivos y retención de agentes penitenciarios.

Tras ello, Guillermo Lasso, presidente de la República, nuevamente expidió un decreto ejecutivo que estableció estado de excepción dentro de cárceles a fin de controlar los incidentes.

Y eso permitió que las Fuerzas Armadas y la Policía incursionaran para requisar armas y hasta explosivos. No es un escenario nuevo el que se ve, pues el imgreso y decomiso de armas es una constante y parece que el problema no tiene salida.

En el documento que da paso al decreto de estado se excepción se reconoce esta problemática y las complejidades por la presencia de armamento por parte de los reos.

Por ejemplo, en los pabellones 8 y 9 de la Penitenciaría, según informes del propio Gobierno, existían armas en poder de los privados de la libertad que sobrepasaban la capacidad de agentes del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria y de personal policial asignado al servicio de contingencia penitenciaria.

Este miércoles, en Guayaquil, César Zapata, director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público, comunicó la intervención de 1.500 servidores con unidades especiales para detectar armamento.

En estas operaciones se consiguió el decomiso de 13 armas cortas (pistolas y revólveres), 13 armas largas (fusiles), un lanzagranadas y un explosivo. Estos indicios estaban encaletados en diferentes pabellones de la cárcel, como alcantarillas, paredes y otros sitios. Además se encontraron 6 radios, 127 celulares, 5 chalecos, más de 4.000 dólares y 6.000 municiones de distintos calibres de distintos milímetros (9, 2,23, entre otros).

“Son municiones de alto calibre, difícil de conseguir. (…) Nuestras unidades están realizando los respectivos trámites y puestos a órdenes de las autoridades competentes”, dijo el director.

Esta dinámica de incautación de armamentos se ha vuelto recurrente tras cada escenario de incidentes en la Penitenciaría del Litoral, en las masacres y escenarios de conflictos registrados en los últimos años.

Renato Rivera, experto en seguridad y director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, recordó que, desde el 2019, ante los problemas que se presentan en las cárceles, el Estado mantiene una dinámica de implantar decretos y generar operativos, pero el resto del tiempo “no hay proceso estandarizado” para conocer el número de armas decomisadas, las organizaciones que están detrás de estos actos y las redes que se involucran en este ilícito.

Para él, la cárcel se ha convertido en “el centro de poder del crimen organizado”, con escenarios que se replican en otros centros del continente, como Brasil y México.

“Esa expresión de poder desde la cárcel lleva a que las organizaciones metan un sinnúmero de artefactos, en los cuales vamos a incluir las armas, para simbolizar ese poder; y, por supuesto, el Estado sigue teniendo respuestas reactivas y no proactivas contra el problema de contrabando de armas y de otros insumos dentro de las cárceles”, dijo y agregó que se deben enfocar los esfuerzos en procesar a quienes logran meter las armas.

De su parte, Diego Pérez Henríquez, experto en seguridad y decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), coincidió en que el escenario reiterado de presencia de armamento revela que “hay complicidad por gente de afuera, y en los diversos anillos de seguridad”, que permiten acceso de estas armas de manera reiterada desde las primeras crisis carcelarias, desde antes de pandemia.

Él consideró que no existirán mayores avances para frenar el ingreso de armamento si no se aplican “procesos serios” de depuración institucional.

“En ausencia de procesos de depuración institucional, únicamente vamos a volver a tener esta conversación cien veces más, porque lamentablemente no hay una intención seria, una intención contundente para frenar este tipo de fenómenos. Nos encontramos es que hay una limitación importante desde el Estado para reaccionar. Mientras menos capacidad de reacción tengan las instituciones del Estado, es más probable no solamente que estos hechos vuelvan a suceder, sino que se profundice el debilitamiento de la institucionalidad”, comentó.

En cuanto a acciones, Rivera planteó medidas a corto plazo y acciones estratégicas a mediano plazo.

A su consideración, lo inmediato sería revisar personal, tanto penitenciario como policial, para analizar posibles actos de corrupción, amenazas contra funcionarios, acompañados de actos disciplinarios e incluso coordinación con la Fiscalía para investigar la “posible ganancia económica” de funcionarios, con revisión de declaraciones juramentadas y revisión de bienes ante la posible concurrencia de delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

A mediano plazo, Rivera indicó que el Gobierno tiene que determinar la dinámica del flujo del tráfico de armas, para establecer cómo se da el ingreso de armas al territorio ecuatoriano, ya sea por las fronteras, aéreas y terrestres, cuáles son las organizaciones que están detrás de estas operaciones, los métodos para adquirirlas a proveedores y determinar su procedencia para intercambiar información con esos países, a fin de avanzar en frenar el problema.

“Ahí viene esa lógica de reducir la oferta como una medida estratégica de mediano plazo, pero lo inmediato es entender cómo están entrando las armas a las cárceles y quiénes son las personas que están implicadas detrás”, dijo.

A criterio de Pérez, la seguridad se debe concebir con una perspectiva sistemática, que incluye una reacción similar, para enfrentar los problemas desde varios frentes. En esta visión se incluye una inversión importante para las instituciones de seguridad para enfrentar a las bandas.

“Les ha tomado dos años comprar chalecos, han logrado al cabo de dos años también tener balas; entonces, claro, mientras los unos corren los 100 metros planos como Usain Bolt, el Estado se mueve a la lentitud, a la velocidad de un hombre con sobrepeso que nunca ha entrenado; entonces, evidentemente hay una condición dispar que deja en una posición muy vulnerable al país”, dijo.

El Universo

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