La Consulta Popular realizada en el 2023, y que decidió el cese de la explotación petrolera en el Bloque ITT, situado en el Parque Yasuní, fue inconstitucional, tramposa y llevó al engaño.
Así lo afirmó el reconocido jurista Hernán Ulloa Parada, en diálogo con “Punto de Orden”.
Ulloa, a título personal, demandó ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la anulación de dicha consulta, por considerar que incumplió varias normativas obligatorias. A saber, debió ser previa a la explotación, y fue pedida en el 2013, es decir, 3 años antes de comenzar la extracción de crudo, y además su pregunta no fue adecuadamente explicada a los ciudadanos.
Asimismo, por tratarse de una supuesta afectación ambiental, debió limitarse a los habitantes de las provincias involucradas, como sucedió con la consulta del Chocó Andino, que fue solo en Pichincha. En cambio, se la realizó a nivel nacional.
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