Ley de Extinción de Dominio sufre cambios antes del debate en el pleno de la Asamblea


La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, realizó algunos cambios al proyecto de ley de extinción de dominio, enviado por el presidente Daniel Noboa, para su debate en el pleno.


La iniciativa, que tiene el carácter de urgencia económica, sufrió importantes modificaciones, especialmente en cuanto a los tiempos para investigar los bienes pertenecientes a líderes criminales.

En el borrador del informe, en la parte de investigación patrimonial, la Comisión no acogió ni los tres meses que proponía el Ejecutivo, ni los 12 meses que pedía la fiscal general, Diana Salazar. Al final lo dejaron en un salomónico plazo de 6 meses de investigación, contados desde la culminación de la fase preliminar de indagación y verificación de bienes.

Si los bienes sospechosos están en el exterior, la Fiscalía podrá solicitar una prórroga de 6 meses más, y un plazo adicional si tarda en llegar la información solicitada, mediante asistencia penal internacional.

Otro plazo que se modifica es el de la notificación del inicio de la investigación patrimonial. La normativa actual habla de 10 días. El presidente Noboa pretendía bajarlos a 2 días, y la Comisión los dejó en 7.

Asimismo, el plazo en la ley actual, para fijar la audiencia de extinción de dominio, es de 15 días. La propuesta del Ejecutivo es de 5 días, la mesa legislativa plantea que sean 10.

En su propuesta, el presidente Noboa citó una docena de delitos que serían propensos a extinción de dominio: concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, producción, comercialización o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, delitos contra los recursos naturales mineros, tráfico de personas, extorsión, usura, asociación ilícita y delincuencia organizada. En cambio, la fiscal Salazar pidió a los legisladores que amplíen el “catálogo de delitos”, porque muchas veces las bandas migran hacia otras modalidades delictivas que no están mencionadas en la ley, pero que igual generan recursos ilícitos.

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