El movimiento Unidad Popular acusa al Gobierno de vulnerar derechos laborales, tributarios y de la niñez. Además, califica la norma como un “revoltijo”.
El movimiento Unidad Popular presentó, este jueves 3 de julio de 2025, una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Integridad Pública, recién aprobada por la Asamblea y promulgada por el Ejecutivo.
La acción legal fue ingresada en la sede de la Corte Constitucional, en Quito, acompañada de un pedido para que la norma quede suspendida mientras se resuelve la causa.
Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, calificó a la Ley de Integridad Pública como un “revoltijo” que, según dijo, perjudica a sectores como los servidores públicos, adolescentes y cooperativas.
En sus declaraciones, aseguró que la ley afecta derechos laborales adquiridos, permite despidos masivos y reduce la estabilidad laboral en áreas clave como salud, educación y servicios básicos.
Radio Pichincha
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