Más consultorias, esta vez por USD 4,9 millones en el Ministerio de Educación

Foto: Radio Pichincha

El Ministerio de Educación lleva adelante un proceso de contratación de nueve consultorías para el desarrollo de ‘Cuadernos de Trabajo y Guía de Docente’, destinadas al subnivel media, por un valor total de USD 4,9 millones, más IVA.


Para este proceso se escogió el procedimiento de contratación de Lista Corta de Consultoría (LCC) y se invitaron directamente a tres proveedores de Quito: Maya Ediciones Cía. Ltda., Atenea Ediciones Educativas y SM Ecuaeducación S.A.

Lo que llama la atención es que los representantes de dos de las empresas invitadas tienen vínculos, lo que está prohibido por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Losncp).

Se trata de Carlos Andrés Prócel Alarcón, de Atenea Ediciones Educativas; y Byron Piñeiros Alarcón, de SM Ecuaeducación S.A., quienes cumplen funciones directivas en la empresa Atenea Abogados.

Carlos Prócel es gerente general y Byron Piñeiros, presidente de la misma compañía. Fueron nombrados el 26 de abril de 2019, por un periodo de cinco años, según consta en los registros de la Superintendencia de Compañías.

El artículo 74 de la Losncp establece que, “las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de manera independiente y sin conexión o vinculación con otras ofertas, personas, compañías o grupos participantes en dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta”.

De acuerdo con el artículo 106, numeral 1 de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, la vinculación es motivo de suspensión de un proceso de contratación pública. Eso deberá determinarlo el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Además, la Ley determina que la entidad contratante, en este caso el Ministerio de Educación, “descalificará a los proveedores participantes en los procedimientos de contratación pública si se hallaren vinculaciones”.

La vinculación se da, según el artículo 9, numeral 1 de la Ley, “cuando existe un nexo, sea este de carácter económico, tecnológico, societario, de negocios, parentesco de consanguinidad o afinidad, asociativo, laboral, personal o social, entre los diversos actores que concurren en la contratación pública”.

De aplicarse la normativa, el propio Ministerio de Educación podría descalificar a las dos empresas vinculadas, que la propia cartera de Estado invitó.

En ese caso, Maya Ediciones Cía. Ltda. sería el único oferente calificado y la adjudicación de las nueve consultorías por USD 4,9 millones se daría de manera directa a esa empresa.

¿Fue premeditado invitar a dos oferentes vinculados para favorecer a un único participante? Esa es la duda que se genera en este proceso, según expertos en contratación pública consultados.

Otra interrogante es por qué no se hizo una sola consultoría y se dividió en nueve, a pesar de que es el mismo objeto de contratación.

Los expertos sostienen que al dividir los contratos se evitaría convocar a una licitación (concurso público) porque los montos individuales son inferiores a los USD 500 000 y, en ese sentido, se puede aplicar el procedimiento de contratación por Lista Corta de Consultoría (LCC).

Radio Pichincha solicitó al Departamento de Comunicación del Ministerio de Educación una entrevista con alguna autoridad de la institución, para aclarar varias dudas sobre este proceso. Pero no hubo respuesta, hasta el cierre de esta edición.

En un comunicado, el Ministerio de Educación aseguró que esta consultoría responde a la continuidad del programa ‘Textos Escolares, iniciado en 2006, con el que se estableció la adquisición de licencias de uso de libros para su posterior impresión.

Las licencias tienen una vigencia de tres años y el valor del último proceso desarrollado en 2019 fue de USD 4,8 millones, señaló.

Y añadió que el proceso de contratación se realiza en cumplimiento de la normativa de contratación pública emitida por el Sercop.

El plazo de ejecución de las nueve consultorías es de 45 días y el proceso se encuentra en etapa precontractual. De acuerdo con el cronograma previsto, la adjudicación al oferente ganador está prevista para el próximo 8 de agosto.

Fuente: Radio Pichincha

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