Según este organismo, desde el 16 de marzo hasta el 30 de septiembre, existen varios contratos que están siendo rastreados, debido a posibles irregularidades, dentro de los hospitales del Ministerio de Salud, del IESS, de la Policía o gobiernos locales.
Los hechos son por compras de insumos médicos, mascarillas, trajes de bioseguridad, alcohol, gel antibacterial, fundas para cadáveres, pruebas para detectar covid-19, medicamentos, máquinas de desinfección y kits de alimentos
La Contraloría realizará estas investigaciones, con el objetivo de verificar si se cometieron o no alteraciones o irregularidades durante la emergencia sanitaria. Hasta el momento se han establecido 29 informes con indicios de responsabilidad penal que fueron remitidos a la Fiscalía General para que se inicien acciones.
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