Tras su separación del Consejo de la Judicatura por un impedimento para ejercer cargo público y mientras avanza la designación de su reemplazo, Alexandra Villacís presentó una acción de protección con medida cautelar contra seis autoridades, alegando vulneración del debido proceso y de la seguridad jurídica.
La disputa por la suplencia en el Consejo de la Judicatura (CJ) escaló al terreno constitucional. Alexandra Villacís, vocal alterna de Mario Godoy, presentó una acción de protección con medida cautelar tras ser apartada del organismo.
El recurso recayó, por sorteo, en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte de Guayaquil, bajo conocimiento de la jueza Natacha Centeno Vera. La demanda se dirige contra seis autoridades:
- Damián Larco, presidente temporal del CJ
- Jorge Maruri Vecilla, director general de la Judicatura
- Andrés Fantoni, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)
- Marco Rodríguez, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ);
- Harold Burbano, del Ministerio de Trabajo
- Juan Carlos Larrea, procurador general del Estado.
Separación exprés y reemplazo inmediato
El conflicto se originó cuando Villacís no pudo asumir la presidencia temporal del CJ durante la licencia sin sueldo —más dos días de vacaciones— solicitada por Mario Godoy del 9 al 13 de febrero. En ese lapso se detectó que la vocal registraba un impedimento para ejercer cargo público, consignado por el Ministerio del Trabajo. Con ese antecedente, el director general del CJ resolvió separarla de la institución.
Horas después, en una sesión extraordinaria realizada la madrugada del 10 de febrero, el pleno del Consejo designó al vocal Damián Larco como presidente temporal.
La reacción institucional no se detuvo ahí. Tras la separación de Villacís, el Cpccs solicitó a la Corte Nacional el envío de una terna para designar a un nuevo vocal suplente. La lista fue remitida la noche de este 12 de febrero por Marco Rodríguez e incluye a:
- La jueza nacional Mercedes Caicedo
- El juez provincial Óscar Chamorro
- La funcionaria pública María Morejón.
Defensa del debido proceso y activación del Cpccs
En su acción constitucional, Villacís sostiene que la medida adoptada en su contra vulnera garantías como el debido proceso y la seguridad jurídica. Asegura que no se le otorgó traslado previo ni oportunidad de defensa antes de ejecutarse la decisión administrativa que la apartó del cargo.
Según explicó, recurrió a la justicia constitucional para que un juez independiente evalúe la legalidad de lo actuado y determine si se respetaron los estándares constitucionales. También manifestó su confianza en que el análisis judicial se realizará con objetividad y rigor técnico.
Mientras el litigio avanza, el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, convocó a sesión extraordinaria para las 20:40 del viernes 13 de febrero, con el fin de conocer formalmente la terna enviada por la CNJ. Paralelamente, el Consejo abrió desde el 12 hasta el 27 de febrero el periodo de inscripción para integrar una veeduría ciudadana que supervise el proceso de selección.
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