El Pleno del Legislativo dio luz verde a un proceso de control político para revisar la evolución de los bienes de las autoridades locales. El objetivo central es identificar presuntas irregularidades administrativas o enriquecimiento ilícito.
La Asamblea Nacional aprobó iniciar un proceso formal de fiscalización y control político sobre el patrimonio de los alcaldes, prefectos y viceprefectos a escala nacional. La resolución fue adoptada con un amplio respaldo de las bancadas parlamentarias, en respuesta a las crecientes demandas ciudadanas de transparencia en la gestión de los recursos públicos locales.
Con esta decisión, la Comisión de Transparencia y Control Social asumirá la responsabilidad de estructurar el cronograma de comparecencias y la recepción de información de los funcionarios locales.
Alcance de la investigación patrimonial
La fiscalización no se limitará únicamente a las declaraciones juramentadas de bienes presentadas al inicio y término de las funciones. El proceso incluirá un cruce integral de datos con diversas instituciones del Estado para verificar la consistencia de los patrimonios:
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- Contraloría General del Estado: Revisión de exámenes especiales e informes de auditoría previos.
- Servicio de Rentas Internas (SRI): Análisis del pago de impuestos y concordancia con los ingresos declarados.
- Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE): Rastreo de movimientos bancarios inusuales o transacciones atípicas.
- Registros de la Propiedad: Verificación de adquisición de bienes inmuebles a nombre de las autoridades o sus familiares cercanos.
Garantías y debido proceso
Los legisladores que impulsaron la iniciativa aclararon que este mecanismo no constituye una persecución política, sino un ejercicio legítimo de las facultades de la función legislativa.
Las autoridades seccionales bajo la lupa tendrán los plazos legales correspondientes para presentar sus descargos, justificar el origen de sus recursos y aclarar cualquier inconsistencia detectada en sus reportes financieros.
Próximos pasos en el Legislativo
La mesa legislativa encargada tiene un plazo inicial para emitir un informe preliminar con los primeros hallazgos. En caso de que se encuentren indicios de responsabilidad penal o enriquecimiento privado no justificado, el expediente será remitido de manera inmediata a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las acciones legales pertinentes.
Fuente: @ecuanoticias.oficial
https://www.twitter.com/ecuadeportes/status/2069851094520418542
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