El proyecto está compuesto por 121 artículos más disposiciones generales y transitorias.
La Asamblea Nacional aprobó el 7 de octubre de 2025 un paquete integral de reformas a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. La iniciativa fue promovida por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados. Esto generó un debate marcado por la polémica reintroducción de artículos previamente declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional (CC).
El proyecto está compuesto por 121 artículos más disposiciones generales y transitorias. Y busca garantizar la validez de las contrataciones realizadas durante los tres meses de vigencia de la Ley de Integridad Pública, anulada por la CC.
Disposiciones transitorias y continuidad de procesos
Mediante esta normativa, el Ejecutivo pretende reconocer la validez y legitimidad de los contratos realizados durante los tres meses de vigencia de la Ley de Integridad Pública.
Por ello, en el texto se incorporó un régimen transitorio que establece que los procedimientos de contratación iniciados antes de la vigencia de la ley, así como los contratos en ejecución bajo su marco legal, se tramitarán según la normativa vigente al momento de su inicio o suscripción.
Los reclamos administrativos, impugnaciones o recursos se resolverán conforme a las reglas existentes al momento de su presentación. Se garantiza seguridad jurídica, confianza legítima y continuidad del servicio público, evitando efectos retroactivos de la inconstitucionalidad, salvo que esta se declare expresamente.
- Reducción de tipos de contratación pública:
Se simplifican más de 30 procedimientos a solo cinco tipos de contratación pública. - Eliminación de mecanismos específicos de contratación:
Se eliminan la menor cuantía, la cotización y la contratación preferente. - Registro Único de Proveedores (RUP):
Se fortalece con mayores exigencias de integridad, trazabilidad, confiabilidad e interoperabilidad, y se definen sanciones claras. - Concepto «Valor por dinero»:
La contratación pública evaluará costo, calidad, eficiencia, sostenibilidad y resultados esperados, no solo precio. - Nuevos umbrales para consultorías:
Las superiores USD 10.000 se harán por concurso público; las inferiores, por modalidad de ínfima cuantía. - Herramientas tecnológicas obligatorias:
Se requiere firma electrónica, trazabilidad en línea y eventualmente sistemas de inteligencia artificial para monitoreo. - Certificación obligatoria de funcionarios:
Todos los servidores públicos involucrados en contrataciones deben certificarse ante el Sercop. - Reformas al Plan Anual de Contratación (PAC):
Se publicará antes del 15 de enero y solo podrá modificarse por causas justificadas.
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