La captura se ejecutó en su domicilio tras un informe de la UAFE que detectó empresas fantasma, contratos municipales irregulares y masivos retiros de efectivo entre 2019 y 2025.
MACHALA (Ecuador).– En un operativo conjunto ejecutado por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, el alcalde de Machala, Darío Macas Salvatierra, fue detenido en su domicilio ubicado en la urbanización Las Crucitas. La medida responde a una investigación formal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, liderada por la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Junto al burgomaestre, las autoridades capturaron a su esposa, Carmen Chávez, y a una tercera persona. De acuerdo con el reporte oficial presentado por el Ministerio del Interior, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó un incremento patrimonial no justificado de aproximadamente 6 millones de dólares en las cuentas del funcionario entre los años 2019 y 2025.
El ‘modus operandi’ corporativo
Las indagaciones fiscales apuntan a que Macas lideraba una red financiera que utilizaba empresas fantasmas o de fachada para simular la provisión de servicios y consultorías de construcción al propio Municipio de Machala. Según el expediente económico, el alcalde poseía el 90% de las acciones de una de las compañías implicadas.
El esquema criminal operaba principalmente a través de transacciones físicas para eludir los controles bancarios automáticos. Los reportes de inteligencia financiera determinaron que el 87% de los depósitos en las cuentas bajo sospecha se realizaron en efectivo, seguidos por retiros inmediatos en ventanilla que sumaban cerca de 750 000 dólares para borrar el rastro de los fondos de origen público.
Impacto político
Macas, quien se encuentra ejerciendo su segundo periodo consecutivo en la alcaldía de la capital orense, perfilaba una potencial candidatura hacia la Prefectura de la provincia de El Oro. Su detención debilita la estructura política local y obliga al Concejo Cantonal a activar de urgencia los mecanismos de subrogación legal de funciones para evitar la parálisis administrativa de la ciudad.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, ratificó que mantendrá una postura de «cero tolerancia» y exigió celeridad a las funciones judiciales de cara a la audiencia de formulación de cargos.
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