El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, formalizó el estado de alerta amarilla preventiva mediante la Resolución SNGR-117-2026, emitida el 18 de mayo de 2026.
Esta medida busca anticipar posibles complicaciones en las regiones más vulnerables ante los cambios climáticos proyectados.
La decisión se fundamenta en estudios de organismos técnicos y en los informes del Comité Nacional ERFEN.
La vigilancia se centra en zonas situadas bajo los 1.500 metros sobre el nivel del mar, lo que abarca a 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias del país.
Es importante destacar que esta declaratoria no confirma la presencia oficial del evento, sino que funciona como un mecanismo de preparación temprana. Bajo este lineamiento, se ha ordenado a los gobiernos locales activar sus comités de emergencia, revisar los planes de respuesta y optimizar la vigilancia de riesgos como deslaves o inundaciones.
De forma complementaria, instituciones internacionales como la NOAA han advertido que existe un 82% de probabilidad de que las condiciones de El Niño se desarrollen entre los meses de mayo y julio de 2026, con efectos que podrían extenderse hasta el próximo año. Las autoridades mantendrán un monitoreo constante para ajustar las estrategias de protección ciudadana según evolucione el clima.
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