La entidad penal exige además el pago de USD 61,5 millones como reparación integral al Estado y la disolución inmediata de seis empresas involucradas en el presunto desvío de combustibles.
La Fiscalía General del Estado formuló formalmente el pedido de pena máxima para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otros siete procesados en el denominado caso ‘Triple A’.
Durante la audiencia de juzgamiento, el fiscal a cargo solicitó una condena de seis años y nueve meses de prisión por el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. La acusación penal sostiene que los implicados formaron una red dedicada al desvío y venta ilícita de combustibles subsidiados por el Estado entre los años 2020 y 2024.
Reparación millonaria y disolución de empresas
El pedido de la Fiscalía va más allá de la privación de la libertad de los sospechosos. La institución demandó una reparación integral económica a favor del Estado ecuatoriano que asciende a USD 61,5 millones, monto calculado como el perjuicio total provocado por el esquema de contrabando interno 🔍. De igual manera, se exigió la disolución definitiva y liquidación de seis compañías comerciales vinculadas directamente a la operación de venta ilegal.
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