La Fiscalía expuso peritajes que revelan traspasos de acciones simulados sin flujo bancario real. El dictamen ratifica el desalojo de la familia del alcalde de Guayaquil de su residencia incautada en Samborondón.
QUITO.– El juez de la Unidad Judicial Especializada en Corrupción y Crimen Organizado, Jairo García, revocó este lunes las medidas sustitutivas que pesaban sobre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez Henriques, dictando en su contra una nueva orden de prisión preventiva. La resolución penal, emitida dentro del denominado Caso Goleada, alcanza también a los co-procesados Fernando Peñaherrera Venegas y César Bravo Ibáñez por el presunto delito de lavado de activos y delincuencia organizada vinculada al desvío de combustibles.
Para modificar el estatus de los imputados —quienes habían obtenido la libertad condicional en abril pasado— el magistrado determinó que las presentaciones periódicas ante la autoridad ya no resultan idóneas debido a la existencia de riesgos procesales críticos, tales como el peligro de fuga y la manipulación de evidencias documentales.
Maniobras societarias bajo sospecha
El argumento principal de la Fiscalía General del Estado para endurecer las medidas se basó en peritajes financieros de la Policía Nacional. Los informes técnicos evidenciaron que, en julio de 2024 (pocos días después de estallar el caso civil inicial), los hermanos Alvarez ejecutaron una reorganización corporativa masiva transfiriendo sus paquetes accionarios de la empresa Ternape Petroleum a terceras personas.
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación pericial descubrió que no existió transaccionalidad económica ni flujos bancarios reales que respaldaran dichos traspasos de capitales, lo que fue calificado por el tribunal como un intento directo de obstaculizar la fiscalización estatal.
Incautación de bienes inamovible
En la misma audiencia telemática, el juez García ratificó de forma estricta la incautación de la residencia familiar del alcalde, valuada en cerca de USD 400 000 y ubicada en la urbanización Blue Bay en Samborondón. El juzgado rechazó los recursos de revocatoria interpuestos por la defensa y la madre del burgomaestre, que alegaban la habitabilidad de menores de edad y un adulto mayor con discapacidad, concluyendo que dicha vulnerabilidad no constituía un hecho nuevo o sobrevenido dentro del proceso.
La justicia otorgó un plazo máximo de 15 días para el desalojo definitivo del inmueble por parte de los ocupantes, mientras que también se mantuvo el aseguramiento de siete vehículos de alta gama de la firma familiar. Cabe destacar que, para el alcalde de Guayaquil, esta nueva disposición judicial no altera su lugar de reclusión, puesto que se encuentra cumpliendo prisión preventiva paralela en la Cárcel de El Encuentro por los casos concurrentes Triple A y Grillete.
Fuente: IG @ecuanoticias.oficial
Dejar una contestacion