La justicia ecuatoriana dio un paso decisivo en las investigaciones sobre la crisis energética. Este viernes 22 de mayo, el juez de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, dispuso la medida de prisión preventiva contra el exministro de Energía, Antonio Goncalves, y el exgerente de Celec, Fabián Calero.
La decisión se tomó en el marco de la audiencia de formulación de cargos por el denominado ‘Caso Apagón’, antes conocido como ‘Caso Progen’.
Los detalles de la audiencia
Durante la diligencia, el magistrado acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado, que solicitó la medida cautelar para asegurar la comparecencia de los principales implicados. En total, la institución procesa a 21 personas por su presunta participación en el delito de peculado.
El juez Rodríguez ratificó que el proceso ha respetado el debido proceso y el derecho a la defensa de todos los involucrados, confirmando además su competencia legal para liderar la causa penal que investiga irregularidades en el sector eléctrico nacional.
Un perjuicio millonario bajo la lupa
La tesis de la Fiscalía sostiene que, durante la emergencia energética de 2024, se habrían cometido graves anomalías en la adjudicación de contratos para la generación termoeléctrica. El foco de la investigación se centra en los proyectos asignados a las centrales de Salitral y Quevedo.
De acuerdo con el expediente fiscal:
- Se habrían ignorado procedimientos legales básicos en la contratación de emergencia.
- Existen inconsistencias técnicas severas en la ejecución de los proyectos.
- El Estado ecuatoriano desembolsó más de USD 104,3 millones a favor de la firma estadounidense Progen Industries LLC.
Responsabilidades y exfuncionarios implicados
Además de Goncalves y Calero, el caso salpica a otros exdirectivos. Entre ellos destaca Byron Fernando O. M., exgerente de Termopichincha, señalado por suscribir los polémicos contratos. Por su parte, a Calero se lo investiga por haber declarado el estado de emergencia y autorizado los procesos de contratación que hoy están bajo sospecha.
Para el Ministerio Público, estas acciones coordinadas habrían provocado un perjuicio económico directo al erario nacional, superando los 100 millones de dólares, en un momento donde el país enfrentaba una de sus peores crisis de suministro eléctrico.
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