El cerco a La Paz cumple dos semanas con los accesos bloqueados y mercados desiertos. Mientras los movimientos sociales exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La Paz se ha convertido en un campo de batalla desde hace dos semanas cuando los movimientos sociales radicalizaron sus demandas para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Una tensa calma reinaba este martes sobre la sede de Gobierno, sin los violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía que se vieron un día antes y que dejaron un centenar de detenidos, pero con la ciudad todavía sitiada. Como medida de protesta, los principales accesos a la ciudad han quedado bloqueados, lo que ha impedido el ingreso de alimentos desde otras regiones productoras. El abastecimiento de combustible, también restringido, ha derivado en avenidas vacías, escaso transporte público y mercados de abasto desérticos.
Un operativo conjunto entre la policía y el Ejército despejó el fin de semana un “corredor humanitario” en las carreteras para permitir el paso de mercancías a la capital administrativa, pero desde el lunes se restablecieron los puntos de bloqueo, las medidas de presión y, en consecuencia, los problemas de aprovisionamiento.
Campesinos, indígenas aimaras del interior de La Paz, mineros asalariados, juntas vecinales de El Alto —población aledaña a La Paz con la mayor población indígena del país— y profesores rurales son algunos de los colectivos que integran las filas de los manifestantes. Denuncian haber sido abandonados por las políticas del Ejecutivo en un contexto de profunda crisis económica. El Gobierno y las instituciones públicas han intentado establecer canales de diálogo y tildan las medidas de presión de excesivas.
La empresa petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) emitió un comunicado el lunes anunciando que suspendía el despacho de gasolina y diésel a las regiones bloqueadas “por estrictas razones de seguridad industrial” y para resguardar la integridad física de los “conductores, el personal operativo y los equipos de transporte”. Los paceños han optado por movilizarse caminando o en bicicleta, y muchos colegios han dispuesto clases en modalidad virtual. La escasez de diésel, con el que andan los camiones de recogida de basura, se ha traducido además en calles con contenedores rebalsados de desechos.
La repercusión en los alimentos ha despertado además las alarmas en los bolsillos de las familias: el precio del pollo ha subido hasta un 300% y los parientes de residentes en La Paz han comenzado a enviar, por encomiendas aéreas y a través de conservadoras, carnes y verduras desde otros departamentos.
Si bien el conflicto social se ha concentrado en La Paz y El Alto, la presión ya se siente en otros lugares del país. Hay al menos 32 puntos de bloqueo en seis departamentos, según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras. Sectores civiles conservadores y asambleístas de ultraderecha han pedido que el presidente Paz instaure un estado de excepción. El mandatario ha rechazado esta opción de plano, aunque ha prometido actuar “con dureza”.
Durante el choque entre manifestantes y la policía del lunes, fueron detenidas más de 100 personas. La Fiscalía ya emitió órdenes de aprehensión contra varios líderes de las organizaciones sociales movilizadas, acusándolos de instigar a delinquir, sedición y otros delitos. Eso caldeará aún más los ánimos de los manifestantes, que han ido escalando sus demandas hasta tener como única exigencia la salida de Paz. Lo acusan de haberse rodeado de élites empresariales y de los grandes exportadores agrícolas, de emitir decretos a su favor, mientras que las demandas sociales —aumento del salario básico, alivios tributarios o mayor representación en el Ejecutivo— han quedado postergadas.
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