La Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia se aprobó el 26 de septiembre de 2025 con 77 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional.
La Confederación de Jubilados del Ecuador ingresó una demanda de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional contra la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia este 24 de noviembre de 2025. El gremio afirma que la norma vulnera los artículos 370, 371 y 372 de la Constitución y que pone en riesgo la integridad, la salud y los derechos de 770.000 jubilados y de 3,8 millones de afiliados al IESS.
La presidenta de la Confederación, Rosario Muñoz, sostiene que la ley “abre la puerta a la privatización del sistema de seguridad social” y afecta directamente al BIESS, entidad que administra los fondos de los asegurados. La representante aseguró que la Asamblea Nacional aprobó esa ley sin análisis ni debate, y sin recibir a los representantes de los jubilados pese a múltiples pedidos. La propuesta ingresó al Legislativo con carácter de económica urgente y fue aprobada el 26 de septiembre de 2025 con votos de legisladores de ADN y aliados.
Muñoz informó que el movimiento trabajó durante nueve meses en una propuesta alternativa para una reforma integral del IESS que garantice sostenibilidad sin afectar a los asegurados. “Una ley de este impacto no puede aprobarse como urgente”, dijo.
Los principales argumentos presentados en la demanda de inconstitucionalidad
El abogado constitucionalista Santiago Machuca, representante legal de la Confederación, explicó que la norma permite vender la cartera de créditos del BIESS a la banca privada o usar su portafolio de inversiones como garantía para obtener préstamos nacionales o extranjeros.
Esto —advirtió— compromete la sostenibilidad y la rentabilidad del fondo que respalda a afiliados y jubilados. Si el BIESS no pudiera cubrir esos créditos, las garantías serían ejecutadas y el patrimonio del fondo quedaría en riesgo.
Machuca insistió en que la Constitución prohíbe la privatización de la seguridad social. Trasladar los recursos del BIESS como prenda o venta constituye una forma de privatización. Agregó que el uso de préstamos respaldados con el portafolio de inversiones expone al fondo a pérdidas directas si no se pagan las obligaciones. Esto vulnera principios constitucionales como sostenibilidad, rentabilidad y estabilidad financiera.
Asimismo, para la Confederación, el artículo 372 es el más afectado. Ese artículo establece que el IESS es autónomo, y que sus fondos pertenecen a afiliados y jubilados. “El Estado no puede intervenir en los recursos de la seguridad social”, sostuvo Machuca. La Confederación llamó al Gobierno a revisar la norma y abrir un diálogo con los jubilados.
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