La controversia se instaló después de que salieron a la luz cuestionamientos sobre un impedimento legal que, hasta el 18 de noviembre, constaba a nombre de Álvaro Rosero en los registros del Ministerio de Trabajo.
La fallida designación del radiodifusor Álvaro Rosero como ministro de Gobierno abrió otro frente de disputa entre legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional.
La controversia se instaló después de que salieron a la luz cuestionamientos sobre un impedimento legal que, hasta el 18 de noviembre, constaba a nombre de Rosero en los registros del Ministerio de Trabajo.
Disputa entre la comisión de Garantías Constitucionales y la de Fiscalización
La Revolución Ciudadana convocó para las 08:30 del viernes 21 de noviembre al exdirector regional de Trabajo, Christian Marín. Él afirmó que recibió presiones para retirar la prohibición que impedía la posesión de Rosero como ministro.
Esa acusación motivó a RC a llamar también al nuevo ministro de Trabajo, Harold Burbano, a la Comisión de Garantías Constitucionales para aclarar si existió alguna injerencia en trámites administrativos. Esa mesa la lidera el asambleísta Jaime Estrada (RC).
El caso se tensó porque, en la página web del Ministerio de Trabajo, Rosero aparecía con un impedimento para ejercer cargos públicos debido a deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El registro desapareció el 19 de noviembre. Sucedió un día después del anuncio de su designación.
Ahora, Ferdinan Álvarez (ADN), presidente de la Comisión de Fiscalización, anunció que esa mesa legislativa también sesionará este viernes 21 de noviembre a las 09:30. Dijo que recibirán al ministro de Gobierno, Harold Burbano, para que exponga su versión sobre las acusaciones alrededor del fallido nombramiento de Rosero.
En los últimos meses, esa mesa se caracterizó por tener una casi nula actividades legislativa. En más de 60 días, apenas sesionaron tres veces.
CAL decidirá que mesa fiscaliza el caso
Las bancadas de ADN y Revolución Ciudadana ya registraron choques por los procesos de control político. El Consejo de Administración Legislativa (CAL), dominado por el oficialismo, definirá qué comisión asumirá esta nueva investigación. Esa decisión anticipa otro conflicto interno, pues en la práctica, el CAL siempre dio prioridad a las mesas presididas por sus coidearios.
Asambleístas de RC reconocieron este 20 de noviembre que Harold Burbano probablemente no acuda a la Comisión de Garantías Constitucionales y sí a la de Fiscalización. Ante ese escenario, la asambleísta Ana Cecilia Herrera (RC), integrante de la mesa, informó a Radio Pichincha que pidió por escrito al presidente de la mesa fiscalizadora que, además de Burbano, también comparezca el exfuncionario Marín.
En paralelo, el legislador Luis Molina anunció que solicitó participar con voz en la sesión de Fiscalización.
Rosero no ocupó el cargo, pero sus antecedentes dejaron secuelas
Tras perder en la consulta popular y referéndum 2025, el presidente Daniel Noboa aplicó cambios en su gabinete. Uno de ellos ocurrió en el Ministerio de Gobierno. En ese despacho, el Ejecutivo separó de sus funciones a Zaida Rovira y nombró como reemplazo a Álvaro Rosero León.
Su designación generó cuestionamientos inmediatos por su falta de trayectoria, la ausencia de un título registrado en la Senescyt y un impedimento para ejercer cargos públicos debido a deudas con el IESS. Dos días después, Rosero renunció.
El ahora exdesignado ministro agradeció al presidente Daniel Noboa por haberlo considerado. Aun así, informó que no asumiría. Ante esta situación, el Gobierno nombró a Nataly Morillo como nueva ministra, quien llega a la cartera en medio de un ambiente político tenso y con críticas al manejo del proceso de designación.
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