El Ministerio Público imputó al expresidente por presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Las movilizaciones de mayo y junio exigían la renuncia del mandatario Rodrigo Paz y dejaron millonarias pérdidas económicas.
LA PAZ | 30 de julio de 2026 – La crisis política en Bolivia sumó un nuevo capítulo judicial de alta tensión. El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, confirmó que se emitió una orden de aprehensión oficial en contra del expresidente Evo Morales (2006-2019). La medida responde a una investigación penal que lo señala como el presunto autor intelectual detrás de la masiva ola de bloqueos de carreteras que asfixió al país durante más de 50 días.
La disposición judicial, redactada formalmente por el fiscal de materia Brayan Melgar, imputa a Morales bajo cargos graves: terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir.
La denuncia penal que originó este dictamen fue presentada a inicios de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y posteriormente respaldada de forma oficial por el Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
El impacto de las movilizaciones
De acuerdo con los informes de inteligencia y auditorías estatales recopilados por la Fiscalía, las 7 semanas de protestas ejecutadas entre mayo y junio arrojaron un saldo crítico para la nación:
- Pérdidas financieras: El freno total al transporte de carga y pasajeros generó afectaciones económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.
- Víctimas fatales: Las autoridades confirmaron el fallecimiento de al menos 16 personas, de las cuales 13 ocurrieron por la imposibilidad de recibir atención médica oportuna debido al desabastecimiento de oxígeno medicinal y los cercos viales.
- Bloqueo de servicios: El despliegue de los manifestantes provocó desabastecimiento severo de alimentos de la canasta básica y combustibles en las urbes de La Paz y El Alto.
El conflicto central escaló debido a que los sectores movilizados —liderados por sindicatos agrarios como la Federación Túpac Katari bajo el mando de Vicente Salazar y la Central Obrera Boliviana (COB) de Mario Argollo— exigían abiertamente la renuncia inmediata del presidente de tendencia centroderechista, Rodrigo Paz. El mandatario asumió la presidencia en noviembre pasado, quebrando un ciclo continuo de dos décadas de administraciones socialistas en el país andino.
La reacción de Morales
Tras difundirse la orden de captura, Evo Morales utilizó sus redes sociales oficiales para descalificar el proceso, afirmando categóricamente que «no nos van a intimidar». El exjefe de Estado denunció ser víctima de una persecución política sistemática instrumentada por el Ejecutivo con el fin de proscribir su influencia social. Según argumentó, las protestas fueron una respuesta natural de los sectores sociales ante la profunda crisis económica y no un plan de desestabilización coordinado por su persona.
Actualmente, Morales permanece guarecido en su bastión político e histórico del Trópico de Cochabamba, donde cuenta con la protección permanente de centenares de productores cocaleros y seguidores leales. Este cerco de seguridad civil ha impedido el ingreso de las fuerzas policiales, quienes también tienen la instrucción de detenerlo por otra causa judicial previa vinculada a presuntos delitos de trata agravada de personas.
Por: IG @ecuanoticias.oficial
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