La reforma al Cootad y la ley para fortalecer los sectores estratégicos de minería y energía ya suman 22 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, presentadas por distintos sectores que cuestionan tanto el contenido de las normas como el procedimiento con el que fueron aprobadas en la Asamblea.
Las más recientes leyes económicas urgentes impulsadas por el presidente Daniel Noboa acumulan acciones de inconstitucionalidad. La Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados —conocida como Ley de los GAD— suma hasta ahora 18 demandas desde su publicación en el Registro Oficial del Ecuador el 21 de febrero de 2026.
En paralelo, la Ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, vigente desde el 2 de marzo, ya registra al menos cuatro acciones legales en su contra. Diversos colectivos y organizaciones adelantaron que presentarán nuevos recursos ante el máximo ente rector.
Cambios al financiamiento de los gobiernos locales
Una de las normas más cuestionadas es la reforma al Cootad. La norma modifica un aspecto central del sistema de financiamiento de los gobiernos seccionales —prefecturas, municipios y juntas parroquiales—: la forma en que se distribuyen las transferencias provenientes del Gobierno central.
La normativa establece que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) deberán destinar al menos el 65% de su presupuesto a inversión en obras desde 2025, porcentaje que subirá al 68 % en 2027 y al 70 % en 2028. El resto del presupuesto podrá utilizarse para gasto corriente.
Autoridades locales sostienen que esta fórmula no reconoce el costo del talento humano técnico y operativo que participa en la ejecución de proyectos. Según advierten, al no considerarse como inversión, podría distorsionar la contabilidad de las obras y exponer a municipios y prefecturas a sanciones o reducción de transferencias.
Asimismo, quienes cuestionan la reforma advierten que la normativa limitaría la capacidad de gestión de municipios y prefecturas y terminaría afectando programas sociales o servicios que dependen de esos presupuestos.
Además, esa norma obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a presentar informes trimestrales sobre la ejecución de su presupuesto. En caso de incumplimiento, el Gobierno central podría aplicar las reducciones económicas previstas en la Constitución.
📰 Fuente: Rdio Pichincha
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