El Tribunal Contencioso Electoral determinó que la acción fue presentada fuera del plazo legal y dispuso remitir el expediente a la Contraloría y a la Fiscalía para que analicen posibles responsabilidades.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) declaró prescrita la denuncia presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en contra de responsables del manejo económico, dirigentes de campaña y candidatos principales y suplentes del movimiento Revolución Ciudadana, lista 5, por presuntas irregularidades en las cuentas de campaña de las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas de 2023.
La decisión consta en la sentencia emitida el 5 de marzo de 2026, dentro de la causa N.º 581-2025-TCE. En el fallo, el tribunal concluyó que la denuncia fue presentada fuera del plazo legal establecido para perseguir infracciones electorales.
El proceso se originó luego de que el CNE denunciara que los responsables de la campaña y los candidatos de la Revolución Ciudadana no habrían subsanado observaciones formuladas por el organismo electoral respecto a los informes de cuentas de campaña presentados tras el proceso electoral extraordinario de 2023.
Según el expediente, el Consejo Nacional Electoral detectó inconsistencias técnicas y jurídicas en la documentación entregada por la responsable del manejo económico de la campaña y otorgó un plazo para que esas observaciones fueran justificadas o corregidas.
Tras el análisis posterior, el organismo concluyó que las inconsistencias no fueron subsanadas de forma adecuada.
Sin embargo, al analizar la causa, la jueza del Tribunal Contencioso Electoral determinó que la denuncia fue presentada fuera del plazo previsto en el artículo 304 del Código de la Democracia, norma que establece que las acciones para denunciar infracciones electorales prescriben en un período determinado.
En consecuencia, el tribunal aplicó la regla jurisprudencial correspondiente y declaró la prescripción de la causa.
Pese a ello, la sentencia dispuso remitir el expediente completo a la Contraloría General del Estado y a la Fiscalía General del Estado para que analicen las alegaciones expuestas durante el proceso y determinen si corresponde iniciar acciones dentro de sus respectivas competencias.
📰 Fuente: Radio Pichincha
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